Hoy, manifestación

Sigo sin entender qué están haciendo en los últimos meses Iceta y el PSC. Y ahora, encima, para completar sus listas de cara al 21D, están fichando a gente de idiosincrasias tan alejadas de lo que ellos fueron alguna vez, que uno no puede menos que preguntarse si es que han renunciado definitivamente a los postulados que hacen que un partido pueda llamarse socialista, por un lado, y, por otro, si tan apurados van de militantes dispuestos a alistarse. En fin, es su problema, como diría aquél. Pero es triste y da rabia.

Leo en la prensa que un juzgado de Reus ha admitido a trámite una denuncia de la policía española contra el alcalde y algunos consejeros de la ciudad, así como contra algunos bomberos y ciudadanos. Los hechos denunciados se remontan al 4 de octubre pasado y se centran en el manifiesto que firmaron e hicieron público cuatro formaciones políticas. A mí, la noticia me sugiere que ese juzgado de Reus debe andar escaso de trabajo, porque si no, no se entiende que haya admitido a trámite semejante denuncia, con la fama que tiene la justicia española de lenta y sobrecargada de casos. Lo más lamentable es que denuncias semejantes están floreciendo desde el 1 de octubre. Y resulta de lo más llamativo la rapidez con que los juzgados se aprestan a tramitarlas. Ya han pasado por ellos maestros que debaten en clase con sus alumnos sobre el referéndum, particulares que han expresado sus opiniones en las redes sociales y alcaldes en cuyos municipios se pusieron urnas. Habrá más casos. El señor García Albiol ―no creo que haga falta decir quién es― asegura estos días ante todos los micrófonos que se le ponen por delante que denunciará ante la fiscalía de menores a los padres que lleven a sus hijos a manifestaciones. Según él, los utilizan como escudos humanos para impedir que la policía haga su trabajo.

Mientras tanto, el escándalo de la Gürtel, que salpica al Partido Popular y tiene pringado hasta las cejas a su presidente que también lo es del gobierno de España, sigue oculto por la gravedad que los medios españoles quieren atribuir al conflicto catalán, pero ayer se supo que a otro insigne militante del partido, Ignacio González ―expresidente de la Comunidad de Madrid― se le han confiscado en Colombia 5,4 millones de dólares en metálico, procedentes de sus actividades delictivas. Así se entiende que saliera en libertad el día 8 de noviembre ―el de la huelga― después de haber pagado una fianza de 400.000 euros. Por cierto, estaba en Soto del Real, como los Jordis, pero motivos muy distintos, obviamente.

Ayer, por su parte, salió de la prisión de Alcalá-Meco Carme Forcadell, la presidenta de nuestro Parlamento. Su abogado depositó una fianza de 150.000 euros que han salido de la caja de solidaridad que tienen abierta las entidades cívicas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana. Y es que los catalanes somos así, solidarios, aunque algunos seamos independentistas.

 

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